Pocos países en el mundo concentran la diversidad geográfica que tiene Guatemala. Nuestra orografía —esa cadena de sierras, valles y altiplanos que atraviesa el territorio— nos regala una cantidad de climas y microclimas que rara vez se encuentran juntos en un espacio tan pequeño: el frío seco de los Cuchumatanes, el calor húmedo de la costa sur, la eterna primavera de la capital, la niebla perpetua de la Verapaz. A eso se suma un fenómeno que enamora cada noviembre: los celajes, esas nubes bajas que se posan sobre los valles y convierten el paisaje en un cuadro suspendido entre la tierra y el cielo.

Y luego están los volcanes. Guatemala es, literalmente, tierra de fuego: se contabilizan cerca de 300 estructuras de origen volcánico en el país, de las cuales entre 32 y 37 son reconocidas oficialmente como volcanes —la cifra exacta depende de si se sigue el criterio del Instituto Geográfico Nacional o el de la Federación Nacional de Andinismo—. De ellos, solo ocho tienen registro de actividad histórica, y apenas tres se mantienen activos hoy. Esa cordillera de conos, algunos dormidos, algunos vigilantes, es la misma que le da a nuestro país su perfil inconfundible en cualquier fotografía: el Tajumulco, techo de Centroamérica; el Agua, sereno frente a Antigua; y el Fuego, que nunca ha dejado de recordarnos quién manda.

Esa belleza tiene un precio, y lo aprendimos de la forma más dura el 3 de junio de 2018. Aquel domingo, bajo el gobierno de Jimmy Morales, el volcán de Fuego produjo la erupción más violenta que se había registrado en cuatro décadas. En cuestión de horas, flujos piroclásticos —nubes de gas y roca incandescente que se desplazan a decenas de kilómetros por hora— sepultaron comunidades enteras, entre ellas San Miguel Los Lotes, que hoy es apenas un páramo de ceniza. El gobierno decretó tres días de duelo y estado de calamidad en Escuintla, Sacatepéquez y Chimaltenango; el Ejército evacuó a más de tres mil personas y el aeropuerto La Aurora tuvo que cerrar por la ceniza en el aire. Semanas después, el Inacif había confirmado más de 130 fallecidos, aunque la cifra real —según sostienen hasta hoy los colectivos de sobrevivientes— es mayor, porque decenas de desaparecidos jamás fueron encontrados bajo las toneladas de material volcánico. Lo que sí quedó documentado, y vale la pena recordarlo, fue la respuesta del pueblo: albergues improvisados, cadenas de donación, brigadas vecinales y diputados que, más allá de las diferencias políticas, se volcaron a coordinar ayuda en medio del caos institucional.

Escribo esto sin necesidad de apelar a la memoria ni a la hipótesis, porque no hablamos de un escenario que podría repetirse: se está repitiendo ahora mismo. Desde la noche del 3 de agosto de este año, el volcán de Fuego volvió a entrar en fase eruptiva intensa, con más de 23 horas de actividad sostenida, flujos piroclásticos descendiendo por varias barrancas y columnas de ceniza que ya han obligado a suspender clases en Yepocapa y a cerrar la ruta RN-14 hacia Alotenango. La CONRED declaró alerta roja departamental en Escuintla, Chimaltenango y Sacatepéquez —el nivel más alto, no uno preventivo— y mantiene alerta anaranjada institucional a nivel nacional. Ya hay evacuaciones en marcha en El Porvenir, Las Lajitas, Morelia y Panimaché, y se habilitaron albergues en San Pedro Yepocapa y Santa Lucía Cotzumalguapa. A ocho años casi exactos de la tragedia de 2018, la pregunta ya no es si estamos preparados para un eventual desastre: es si la respuesta que estamos viendo hoy, en tiempo real, demuestra que aprendimos algo. La coordinación interinstitucional se activó más rápido esta vez, sin duda, pero la fragilidad de fondo persiste: comunidades que siguen viviendo a pocos kilómetros de un volcán que nunca dejó de ser el más activo de Centroamérica, y un sistema de alerta que depende, año tras año, de la voluntad política de sostener la inversión en prevención. Al frente de la CONRED está hoy la doctora Claudinne Ogaldes, socióloga y politóloga con experiencia previa dentro de la institución —fue directora de Coordinación entre 2008 y 2020— pero cuyo nombramiento fue cuestionado desde el inicio por analistas que señalan que su formación no es la de una especialista en gestión operativa de desastres o en vulcanología. Es una pregunta legítima, y esta semana, con el volcán en plena actividad, el país tiene la oportunidad de responderla con hechos y no con especulación.

Por eso sostengo que la belleza es hermosa, pero también muy peligrosa. Vivimos sobre una tierra que nos regala paisajes que quitan el aliento y, al mismo tiempo, nos recuerda —con ceniza, con lava, con pueblos enteros bajo tierra— que esa misma fuerza que esculpió nuestros volcanes puede borrarlo todo en una tarde. Guatemala no necesita dejar de admirar su geografía; necesita aprender a respetarla con la misma intensidad. Porque no hay celaje de noviembre, ni atardecer con lluvia, que valga tanto como una vida guatemalteca. Y esa es la deuda que, ocho años después, seguimos sin saldar del todo.