¿Las luchas internas en la Universidad de San Carlos de Guatemala responden a una disputa por mejorar la calidad educativa y la prestación de servicios a los estudiantes, o son, en el fondo, una pugna por las cuotas de poder que representa la USAC?
En mayo de 2022, un año antes de que Guatemala eligiera nuevo gobierno, la Universidad de San Carlos vivió su propia crisis. Grupos estudiantiles, inconformes con la elección de Walter Mazariegos como rector, tomaron el Campus Central y lo mantuvieron cerrado durante más de un año. La medida, pensada como una protesta contra las autoridades universitarias, terminó golpeando a quienes no tenían responsabilidad alguna en el conflicto: casi 38 mil estudiantes se quedaron sin poder tramitar sus exámenes generales, y más de 10 mil graduados no pudieron recibir el título que acreditaba años de estudio. Cuando el campus finalmente fue liberado en junio de 2023, las inspecciones revelaron el costo real de la toma: cientos de esos títulos, pendientes de entrega, habían sido destruidos.
El bloqueo no fue simbólico. Desde el 19 de mayo de 2022, el Departamento de Registro y Estadística —la instancia que procesa inscripciones, cierres de pensum y la emisión final de títulos— quedó con acceso presencial suspendido. La universidad intentó sostener una atención virtual durante unas semanas, pero para el 3 de junio de ese año los servicios quedaron completamente paralizados, según reconoció la propia USAC en conferencia de prensa. El efecto se propagó a procesos que muchos estudiantes daban por rutinarios: la asignación de exámenes generales, la incorporación al programa de Ejercicio Profesional Supervisado (EPSUM) —que conecta a estudiantes con comunidades en todo el país— e incluso el riesgo de que la universidad se quedara sin inscripciones de primer ingreso para el ciclo siguiente.
Lo que se destruyó, además, no era un patrimonio cualquiera. En 2010, el Ministerio de Cultura y Deportes declaró a la USAC Patrimonio Cultural de la Nación, declaratoria que explica por qué el caso lo lleva la Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural, y por qué el delito central no es solo usurpación, sino depredación de bienes culturales en forma continuada. El inventario de daños documentado tras la entrega del campus el 9 de junio de 2023 fue extenso: según un oficio interno de la Comisión Específica para la Evaluación, Supervisión, Reorganización y Restauración del Campus Central (Oficio CRCC No. 010-2023), el estimado incluyó bienes sustraídos, daños en la infraestructura de todos los edificios del Campus Central, afectaciones a la Biblioteca Central, materiales químicos y radioactivos mal manejados, y daño a murales y al patrimonio universitario. El Ministerio Público sumó a esto la quema y el robo de vehículos.
El golpe patrimonial no se limitó a la zona 12. También alcanzó el Centro Cultural Universitario —el antiguo Paraninfo Universitario—, en el Centro Histórico capitalino: un edificio de 1925-1930, declarado Monumento Histórico de la USAC en 1997 y Patrimonio Cultural Categoría “A” en 1998, la máxima protección patrimonial del país, escenario de la planificación de la caída de Ubico en 1944 y de negociaciones previas a la paz de 1996. Ese edificio también fue tomado, desde julio de 2022, por supuestos estudiantes de la Escuela Superior de Arte, y generó su propio expediente penal —el caso contra Geyser y Sergio Morataya—, que según la información más reciente (30 de junio de 2026) ya avanza hacia debate oral. La afectación, entonces, no se limitó a un campus moderno: tocó un monumento histórico de categoría máxima, con casi un siglo de peso en la memoria política del país.
Cuatro años después, la misma disputa por el control de la USAC volvió a manifestarse, ahora bajo otra forma. El 8 de abril de 2026, el Consejo Superior Universitario certificó la reelección de Mazariegos para el período 2026-2030, y su toma de posesión, prevista para el 1 de julio, desató una ofensiva jurídica en al menos cuatro frentes. Ninguno logró detenerla, aunque varios siguen abiertos.
Usac-DIRE. El colectivo Usac, Dignidad y Resistencia promovió decenas de amparos ante la Sala Primera de lo Contencioso Administrativo, que el 26 de junio rechazó su recurso preventivo —resolución que el grupo denunció como sesgada—. Usac-DIRE escaló el caso a la Corte de Constitucionalidad (expediente 5864-2026); el 30 de junio, la Corte ordenó remitir el expediente en cuatro horas, sin resolver el fondo.
Procuraduría General de la Nación. La PGN presentó su propio amparo contra el CSU por fallas en el quórum electoral. La misma Sala lo suspendió definitivamente el 26 de junio; la PGN apeló ante la CC, apelación que seguía pendiente al momento de la posesión.
Ministerio Público. Bajo el nuevo fiscal general Gabriel García Luna, hay 17 denuncias abiertas contra Mazariegos, aunque García Luna advirtió que una eventual captura debe estar “bien fundamentada”.
La CC, dividida. El tribunal no ha entrado al fondo de ningún amparo contra Mazariegos; su única resolución sustantiva fue, paradójicamente, un amparo a favor de la USAC —no en su contra— para resguardar el campus, aprobado con el voto en contra de la magistrada Lemus. La oposición señala además un conflicto de interés sin resolver: la magistrada Julia Rivera fue electa por el CSU de Mazariegos, y la CC carece de figura de recusación.
Este patrón —tomas de campus, títulos destruidos, monumentos históricos dañados, tribunales divididos y recursos que nunca llegan al fondo— no es casualidad ni ruido institucional. Se acerca la elección del nuevo contralor y el próximo nombramiento del representante de la USAC ante la Junta Monetaria, dos procesos en los que la universidad pública tiene voz y voto como parte del sistema de pesos y contrapesos del país. Por l o que Sostengo que ninguna de las batallas libradas por el control de la USAC —ni las que se han dado dentro del campus, ni las que se libran hoy en los tribunales— ha tenido como objetivo el bienestar de los estudiantes. Han sido, única y exclusivamente, una disputa por la cuota de poder que la USAC representa.