La más reciente polémica en torno a la participación del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) en los espacios de decisión del Estado guatemalteco alcanzó un punto álgido en noviembre de 2025. Diputados de Semilla y Raíces impulsaron una propuesta para excluir al sector empresarial organizado de diversas mesas y órganos estatales. La pregunta de fondo, más allá del titular coyuntural, es si estamos ante un esfuerzo genuino de reforma institucional o frente a una narrativa construida para ganar electores en un contexto de desgaste político.
El martes 18 de noviembre de 2025, durante la discusión de la Iniciativa 6433 —que pretende reformar la Ley de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (Ley ANADIE)—, el diputado Samuel Pérez, del bloque Raíces, presentó una moción para excluir al CACIF del Consejo Nacional de Alianzas para el Desarrollo de Infraestructura Económica (CONADIE). La propuesta no era menor: buscaba que el órgano encargado de las alianzas público-privadas quedara integrado únicamente por representantes del sector público, dejando fuera de la toma de decisiones al sector privado organizado.
Conviene recordar que la propuesta original del dictamen planteaba que el CONADIE estuviera conformado por cinco miembros: el ministro de Economía, quien lo presidiría; el ministro de Finanzas Públicas; el director ejecutivo de Pronacom; el presidente del CACIF; y el presidente de la Cámara de la Construcción. La moción de Pérez pretendía romper este modelo mixto y dar un giro hacia una composición exclusivamente pública, eliminando de raíz la presencia de los gremios empresariales en ese espacio específico.
Este intento no fue un hecho aislado ni improvisado. En julio de 2024, la bancada Semilla había presentado la llamada “Ley para la Libertad de Empresas”, que proponía reformar la integración de al menos 25 juntas directivas de instituciones estatales para eliminar la representación del CACIF. Según esa iniciativa, el CACIF tendría presencia en 58 instancias estatales en total, y en 25 de ellas se planteaba su exclusión, incluyendo instituciones clave como el Crédito Hipotecario Nacional (CHN), el Instituto Nacional de Electrificación (INE) y las comisiones portuarias. Los proponentes señalaban además que los representantes del CACIF devengan entre Q3 y Q4 millones anuales en dietas por su participación en estas juntas.
El desenlace en el pleno del Congreso frente a la moción del 18 de noviembre fue claro: la propuesta no encontró eco suficiente. Obtuvo únicamente 40 votos a favor frente a 85 en contra. Es relevante subrayar que fueron los propios votos de Semilla y Raíces los que terminaron garantizando que la moción no prosperara y que, en la práctica, el tema quedara desechado al menos por el momento. Esa dinámica revela una distancia entre el discurso de ruptura con el CACIF y las decisiones efectivas en la arena legislativa.
A ello se suma otro elemento político nada menor: el apoyo que recibió el movimiento Semilla en las pasadas elecciones fue claro y evidente. Ese capital político, que en su momento se presentó como una ruptura con “lo tradicional”, contrasta con el hecho de que incluso voces internas, como la del diputado Sanabria —de la propia bancada Semilla—, hayan calificado este tipo de iniciativas como “puro marketing político”.
El recurso político es conocido: construir una narrativa que divide al país entre “ricos” y “pobres”, entre “élites” y “pueblo”, y presentar esa fractura como el eje central de la disputa democrática. Esa estrategia de polarización ha sido utilizada históricamente por proyectos políticos de corte socialista o populista en distintos países, y hoy vuelve a aparecer, con otros rostros y siglas, en Guatemala. En este caso, Semilla-Raíces y los actores afines han logrado capitalizar cierta indignación ciudadana frente a las élites económicas, pero lo han hecho sin traducirla en reformas estructurales serias y sostenibles, sino más bien en gestos simbólicos de alto impacto mediático y baja eficacia institucional.
Desde mi experiencia personal en el Congreso de la República, puedo afirmar que es una práctica común dejar “los votos necesarios” a la oposición para ciertos temas, de modo que algunos bloques puedan mantener una imagen de coherencia ante sus bases sin afectar los acuerdos de fondo con actores políticos o económicos relevantes. Lo ocurrido con la exclusión del CACIF encaja, al menos en apariencia, en este patrón: un intento de mostrar confrontación con el sector empresarial sin asumir realmente el costo político de consumar esa ruptura.
En este contexto, las acciones evidentes en el pleno del Congreso, el abandono previo de la promesa de campaña y su repentino intento de retomarla justo cuando la credibilidad de Semilla-Raíces se encuentra en su punto más bajo, no pueden leerse como un esfuerzo honesto de reforma. Más bien lucen como un cálculo electoral.
Y por eso sostengo que las acciones en el pleno del Congreso de la República y la comunicación que las ha acompañado son falsas y que lo único que buscan es recuperar credibilidad y ganar votos para las siguientes elecciones, polarizando al pueblo de Guatemala entre ricos y pobres.