El diésel pasó de Q27.29 a más de Q42 por galón en cuestión de semanas, según cifra del propio Ministerio de Energía y Minas. Detrás de ese número hay algo más que la guerra en Medio Oriente y la volatilidad del precio internacional del petróleo: hay una carga tributaria que el Estado guatemalteco decidió mantener intacta mientras el precio sube, y hay una ley de competencia que se aprobó hace más de un año y que nadie ha usado.
Cada galón de combustible que se vende en Guatemala paga dos impuestos superpuestos: el Impuesto al Valor Agregado, del 12%, y el Impuesto a la Distribución de Petróleo Crudo y Combustibles Derivados del Petróleo (IDP), vigente desde el Decreto 38-92, que grava con tasas específicas de hasta Q4.70 por galón de gasolina súper, Q4.60 para la regular y Q1.30 para el diésel. Entre ambos, representan cerca de una tercera parte del precio final que paga el consumidor en la bomba. No es un impuesto que se cobra una sola vez: se cobra cada vez que un guatemalteco llena el tanque para ir a trabajar, para llevar a sus hijos a la escuela o para mover la carga que sostiene la economía del país.
La respuesta del Estado ante cada alza ha sido la misma desde hace años: un subsidio temporal, financiado con readecuaciones presupuestarias o con deuda, que dura unos meses y luego desaparece junto con el problema que nunca resolvió. El subsidio vigente entre abril y julio de este año costó cerca de Q2,000 millones, y el nuevo paquete que el Ejecutivo lleva al Congreso esta semana asciende a Q3,480 millones. Es dinero que se compromete una y otra vez sin que la carga tributaria de fondo se mueva un solo quetzal.
Por eso sostengo que la ruta para minimizar el impacto económico no es el subsidio.
Un subsidio es, por definición, temporal: dura lo que dura el presupuesto reasignado y desaparece en cuanto la presión política baja, mientras el IVA y el IDP se quedan ahí, listos para volver a golpear en la próxima crisis internacional. Por eso debemos exijir al Congreso de la República que, en lugar de aprobar otra transferencia financiada con maniobras presupuestarias, elimine o libere de forma permanente el IVA y el IDP que gravan los combustibles. Es una medida que está en manos del propio Congreso: ambos impuestos nacieron de decretos legislativos y solo el Congreso puede modificarlos o derogarlos. No hace falta esperar a que otra crisis internacional dispare el precio del petróleo para que la carga tributaria golpee de nuevo al mismo bolsillo.
Hay que decirlo con honestidad: eliminar estos impuestos no resuelve todo el problema. El propio Ministerio de Energía y Minas ha reconocido que quitar el IVA y el IDP al diésel bajaría el precio apenas unos siete quetzales por galón, menos que el alivio directo de un subsidio bien diseñado, y una parte de esa recaudación financia hoy el mantenimiento de la red vial y programas de seguridad alimentaria que también hay que sostener. Ese es exactamente el debate que merece Guatemala: no un aplauso automático a “bajar impuestos”, sino una discusión seria sobre cómo se sustituye ese ingreso sin sacrificar carreteras rurales ni programas contra la desnutrición. Pero la discusión hay que darla con la carga tributaria abajo, no arriba.
Y hay una segunda exigencia, tan urgente como la primera, que casi nadie está poniendo sobre la mesa. En diciembre de 2024, Guatemala aprobó, después de más de veinte años de discusión estancada en el Congreso, su primera Ley de Competencia: el Decreto 32-2024, que creó la Superintendencia de Competencia con el mandato expreso de investigar y sancionar carteles y acuerdos de fijación de precios entre empresas. Es la primera vez en la historia democrática del país que existe una autoridad con esa facultad. Y sin embargo, mientras los precios de los combustibles suben de forma casi idéntica, casi al mismo tiempo, en gasolineras de marcas distintas y en todo el territorio nacional, no hay registro público de que esa institución haya abierto una sola investigación formal contra el sector. Lo único que existe hasta ahora son las 79 denuncias que la Diaco presentó ante el Ministerio Público por presunta especulación, que es una figura legal distinta y más limitada: sanciona el abuso individual de precio, no la coordinación entre empresas.
Tener la ley y no usarla es casi tan grave como no tenerla. Si el mercado de distribución de combustibles se comporta como un cartel, coordinando precios en lugar de competir por ellos, existe desde hace más de un año la institución llamada a investigarlo y, si corresponde, sancionarlo. Exigirle al Congreso que baje impuestos sin exigirle al Estado que use las herramientas que ya aprobó sería quedarnos a medias.
Menos impuestos y más mercado libre y vigilado no son ideas contradictorias. Son, de hecho, la misma idea: que el Estado deje de cobrar de más y empiece a fiscalizar de verdad.