La Constitución Política de la República de Guatemala asigna al Congreso, entre otras, dos responsabilidades medulares: la función legislativa —decretar, reformar y derogar las leyes— y la función presupuestaria y de control fiscal —aprobar, modificar o improbar el Presupuesto de Ingresos y Egresos del Estado, así como conocer el detalle de su ejecución anual, previo informe de la Contraloría General de Cuentas. No se trata de simples formalidades procedimentales, sino de mandatos que buscan asegurar que el gasto público responda al interés general y se administre con transparencia y responsabilidad intergeneracional.
A la luz de esos parámetros, la jornada legislativa del 25 por la tarde y la madrugada del 26 de noviembre de 2025 plantea una pregunta incómoda. En una sola sesión, y bajo el trámite de urgencia nacional, el Congreso aprobó cinco préstamos con organismos internacionales por un total de US$1,350 millones —algo más de Q10,300 millones— y el Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para 2026, por Q163,469 millones. Pocas de esas iniciativas contaban con dictamen de la Comisión de Finanzas, pero dicho dictamen fue conocido apenas horas antes de la votación, lo que hacía materialmente imposible que la mayoría de diputados comprendiera con rigor técnico el alcance de lo que estaba aprobando.
Hablar de funciones constitucionales implica también hablar de tiempos, deliberación y control. Durante la octava legislatura, me correspondió ejercer la jefatura de la bancada oficialista. Esa responsabilidad suponía no solo acompañar al Ejecutivo, sino también poner límites cuando era necesario y asumir el costo político de decir “no” cuando las condiciones no eran las adecuadas. En ese período solo logramos aprobar tres presupuestos; en 2017, por ejemplo, el proyecto no alcanzó el quórum necesario en segunda lectura y, en consecuencia, no fue aprobado. Podrá criticarse aquella decisión, pero el proceso respetó las tres lecturas, el dictamen de la Comisión de Finanzas y un mínimo de socialización con bancadas y sectores, precisamente para acercar el presupuesto a los objetivos nacionales y permitir enmiendas razonables en el camino.
En contraste, la aprobación conjunta del presupuesto 2026 y de cinco préstamos en una sesión maratónica envía una señal muy distinta. No estamos ante un simple acto de eficiencia administrativa, sino ante una forma de vaciar de contenido la función presupuestaria: se convierte en un trámite aritmético, no en un ejercicio de evaluación de prioridades, riesgos y consecuencias para las finanzas públicas. Analistas han advertido que, con este paquete, el país incrementa de manera acelerada su endeudamiento, al punto de que la deuda per cápita podría superar los Q16,000 por habitante, según estimaciones de prensa especializada.
A ello se suma la dimensión procedimental. El dictamen de la Comisión de Finanzas fue emitido y conocido pocas horas antes de la votación en el pleno, lo que impidió un análisis técnico serio por parte de la mayoría de diputados y redujo el debate a intervenciones marginales frente a un “silencio estratégico” de la alianza mayoritaria. Diversos analistas describieron la sesión como un “madrugón en toda regla; con nocturnidad; de espaldas a la ciudadanía”, expresión con la que el economista Ricardo Barrientos sintetizó la percepción de opacidad y de acuerdos precocidos que rodearon la aprobación. No es un detalle menor que el tema presupuestario ni siquiera hubiera sido colocado en la agenda de la reunión de jefes de bloque del lunes previo, lo que sugiere que las decisiones se tomaron en ámbitos distintos a los mecanismos formales de conducción legislativa.
En estas condiciones, la pregunta inicial vuelve con más fuerza: ¿Cumplió la décima legislatura con sus funciones constitucionales al aprobar, de esta manera, el presupuesto 2026 y los cinco préstamos asociados? Desde un punto de vista estrictamente formal, se observó el procedimiento mínimo para emitir decretos. Sin embargo, desde una perspectiva material —la que toma en serio el mandato de deliberar, fiscalizar y salvaguardar la sostenibilidad de las finanzas públicas—, la respuesta es dolorosa.
Con pesar, pero también con sentido de responsabilidad, sostengo que una buena parte de los diputados que levantaron la mano aquella madrugada no dimensionó las repercusiones económicas y financieras de lo aprobado para el pueblo de Guatemala. No se trata solo del monto de la deuda o del tamaño del presupuesto, sino del mensaje que envía el Congreso cuando renuncia a discutir, a preguntar y a decir “no” cuando corresponde.