La secuencia de solicitudes de acompañamiento internacional formuladas por el presidente Arévalo entre 2024 y 2025 puede leerse, desde una perspectiva crítica, no como una muestra de fortaleza democrática, sino como el síntoma de una creciente incapacidad para gobernar con respaldo interno. Más que consolidar el Estado de Derecho desde adentro, estas acciones habrían evidenciado una pérdida progresiva de apoyo nacional, desde los sectores campesinos hasta las grandes cámaras empresariales y conglomerados económicos.

El primer hito de esta estrategia se produjo el 26 de marzo de 2024, cuando Arévalo, en su visita a Washington, pidió formalmente a la OEA una misión de observación para el proceso de elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia y de las Cortes de Apelaciones. Oficialmente, el gesto se presentó como un esfuerzo por transparentar la selección de autoridades judiciales. Sin embargo, bajo esta postura crítica, dicha solicitud marcó el inicio de una práctica sistemática: trasladar a organismos internacionales responsabilidades que corresponden, en principio, a las instituciones nacionales, debilitando la capacidad del propio Estado para conducir y legitimar sus procesos internos.

Esa misma lógica se profundizó en 2025. El 23 de septiembre, ante la 80ª Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente advirtió que 2026 sería un año decisivo por la renovación de autoridades en el Tribunal Supremo Electoral, la Corte de Constitucionalidad y el Ministerio Público, y pidió acompañamiento técnico y político internacional para esos procesos. Semanas después, el 8 de octubre de 2025, en el Foro Global Gateway en Bruselas, extendió el llamado a la Unión Europea, solicitando una misión de observación para la renovación de las principales autoridades de justicia en 2026. Aunque para algunos entes internacionales ello podía materializar los compromisos asumidos por Guatemala y asegurar la presencia física de observadores durante todo el año 2026, desde esta lectura lo único que terminó evidenciándose fue la pérdida de control y respaldo de variosa actores nacionales y una brecha creciente entre el gobierno y los actores internos, desde las bases rurales hasta las grandes cámaras empresariales.

El episodio del 27 de octubre de 2025 mostró con particular claridad las tensiones de este enfoque. Frente a las decisiones del juez Fredy Orellana —la cancelación del Movimiento Semilla y la declaración de vacancia del cargo de presidente—, Arévalo recurrió de nuevo al plano internacional, invocando la Carta Democrática Interamericana y pidiendo una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA. El gobierno presentó estas acciones como defensa del orden constitucional frente a un “golpe de Estado técnico”. Sin embargo,  la insistencia en apelar a foros internacionales, en vez de fortalecer los canales internos de resolución institucional de los conflictos, terminó por confirmar la imagen de un gobierno incapaz de construir consensos y ejercer liderazgo político dentro de sus propias fronteras.

La crítica a esta estrategia de internacionalización no se agota en el terreno político-institucional, sino que se extiende también al ámbito de la gestión pública. La incapacidad para gobernar se hace visible, cuando el gobierno rechaza asumir plenamente la responsabilidad de sus propias funciones, como ocurrió al tercerizar la compra de medicamentos y utensilios médicos por medio de la oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). Lejos de leerse como un ejercicio de transparencia, esta tercerización se interpreta como una renuncia a fortalecer los sistemas nacionales de contratación y evadir os controles constitucionales, desplazando hacia un organismo externo obligaciones que debieran ser objeto de rendición de cuentas interna y escrutinio ciudadano directo.

Al colocar la atención en la presencia de observadores internacionales y en el respaldo de organismos multilaterales, se habría desviado el foco del verdadero problema: la falta de funcionamiento efectivo del Estado de derecho en el país, con instituciones debilitadas, procesos capturados y una ciudadanía cuya confianza en el gobierno se erosionaba progresivamente.

En este sentido, el significado de esta cadena de acontecimientos, visto desde una perspectiva crítica, es el de un gobierno que, en lugar de reconstruir hacia adentro sus bases de legitimidad y fortalecer sus propias instituciones, opta por apoyarse en avales externos. Aunque ello pudiera presentarse ante la comunidad internacional como cumplimiento de compromisos y apertura a la observación, en la práctica habría profundizado el divorcio entre el poder político y la sociedad guatemalteca, revelando una incapacidad estructural para gobernar con transparencia, eficacia y respaldo nacional.

Por ello sostengo que los llamados de auxilio internacional son señales de falta de respaldo nacional y de un mal manejo de la cosa pública.