El año 2025 se percibió, para amplios sectores de la población guatemalteca, como un período en el que las necesidades más elementales no fueron debidamente atendidas ni mitigadas por la acción del gobierno central. Durante el último trimestre del año, el incremento sostenido en los precios de la canasta básica y de otros bienes esenciales terminó por confirmar una sensación generalizada: el ingreso ya no alcanza. Esta percepción social no es una construcción subjetiva, sino la manifestación cotidiana de una economía que no logra traducir el gasto público en bienestar tangible.
En términos estructurales, el principal motor económico del país es el Organismo Ejecutivo. Su función esencial no es únicamente administrar recursos, sino ejecutar el presupuesto aprobado con eficiencia, racionalidad y orientación a resultados. Dicho de otro modo, ejecutar no significa simplemente “gastar”, sino transformar el gasto público en servicios, infraestructura y políticas que impacten positivamente en la vida de la población. Sin embargo, durante 2025, aun cuando algunos ministerios reportaron niveles de ejecución superiores al 96 %, ese gasto no se reflejó de manera perceptible en la economía nacional.
El caso más ilustrativo fue el del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, cuya ejecución apenas superó el 70 %. Ello se tradujo, una vez más, en la ausencia de mantenimiento adecuado de la red vial, dejando comunidades incomunicadas y deteriorando corredores estratégicos para la actividad productiva. El resultado es previsible: el deterioro de la infraestructura incrementa los costos de transporte de materias primas y productos terminados, impacto que termina trasladándose directamente al consumidor final. En consecuencia, el golpe al bolsillo de los guatemaltecos no proviene solo de factores externos, sino también de una deficiente gestión pública interna.
A pesar de este contexto, el Organismo Ejecutivo promovió y respaldó la aprobación de un presupuesto nacional superior a los 170 mil millones de quetzales. Dicho proceso estuvo marcado por una tramitación acelerada, opaca y carente de deliberación sustantiva. La aprobación se realizó en horas de la madrugada, en una sesión en la que, además, se autorizaron cinco préstamos, lo que evidenció la imposibilidad material de que los diputados conocieran, analizaran y valoraran responsablemente el contenido del proyecto. Este proceder no solo vulnera principios elementales de transparencia y publicidad, sino que debilita la función constitucional del Congreso como órgano de control político y financiero.
Como es sabido, la Corte de Constitucionalidad suspendió provisionalmente el Decreto 27-2025, Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2026, suspensión que adquirió carácter definitivo al vencer el plazo legal correspondiente. Este hecho marcó un punto de inflexión institucional, pues impidió la entrada en vigencia de un presupuesto cuestionado desde su origen por vicios de forma y fondo.
Diversos analistas y comunicadores coinciden en que el Congreso de la República, durante 2025, mostró una baja productividad legislativa tanto en cantidad como en calidad normativa. A ello se sumaron asignaciones presupuestarias altamente cuestionables, particularmente aquellas canalizadas a través de los consejos de desarrollo, donde se priorizaron proyectos sin una planificación técnica adecuada ni correspondencia con las necesidades reales de los municipios. La discrecionalidad con la que se distribuyeron los recursos resultó evidente, al punto de que municipios con alta densidad poblacional y alta demanda de servicios, como Mixco, recibieron asignaciones que no guardan proporción ni con su extensión territorial ni con la cantidad de habitantes que atienden.
Otro aspecto especialmente preocupante fue el incremento de aproximadamente 630 millones de quetzales destinados a organizaciones no gubernamentales (ONGs). Se trata de recursos cuya fiscalización suele ser limitada y cuya ejecución, en muchos casos, responde a lógicas clientelares o a agendas externas antes que a políticas públicas coherentes. En este punto resulta inevitable recordar que, a nivel internacional, incluso autoridades de los Estados Unidos han advertido sobre desfalcos millonarios canalizados mediante ONGs, lo que vuelve aún más cuestionable que en Guatemala se continúe ampliando este tipo de asignaciones sin mecanismos efectivos de control y evaluación de impacto.
Como consecuencia directa de la suspensión del presupuesto 2026, el país inició el año con la vigencia del presupuesto aprobado para 2025. Esta situación fue recibida con alivio por amplios sectores empresariales y ciudadanos, al considerarse un presupuesto relativamente “austero” que, en principio, no generaría mayores presiones sobre la economía nacional. No obstante, la experiencia reciente obliga a la cautela. A la luz de la conducta reiterada de la alianza entre el Ejecutivo y el Congreso, no resulta descabellado prever que, en pocas semanas, se presente una iniciativa destinada a ampliar nuevamente el presupuesto vigente, con el objetivo de atender compromisos clientelares y necesidades políticas coyunturales.
En ese contexto, cobra plena vigencia la siguiente afirmación, por lo que sostengo: la falta elementos objetivos que permitan que el año 2026 traerá diferencias reales, concretas o sostenibles en la economía nacional, en la calidad de vida del guatemalteco o en el estado de la infraestructura vial. Más aún, uno de los riesgos más graves será que se consolide una fuga sistemática de recursos hacia el exterior, ya sea mediante el servicio de pago de la deuda o a través de asignaciones presupuestarias canalizadas a organizaciones no gubernamentales, sin un retorno verificable para el país.
La discusión de fondo, por tanto, no se limita al monto del presupuesto, sino a la relación estructural —y cada vez más estrecha— entre el Organismo Ejecutivo y el Legislativo. Mientras esa mancuerna continúe operando sin controles efectivos, sin planificación estratégica y sin rendición de cuentas, el presupuesto seguirá siendo un instrumento político antes que una herramienta de desarrollo. En consecuencia, la pregunta inicial no solo sigue vigente, sino que se responde con pesimismo fundamentado: difícilmente habrá diferencias tangibles entre 2025 y 2026 si no se corrige la forma en que se concibe, aprueba y ejecuta el gasto público en Guatemala.